Nota de Atención

Nota de atención Apoyo personal y solidario a la Querella Argentina contra los crímenes del Franquismo   No se trata de aportar papeles firmados, apoyos de personas que firman un papel y lo entregan a una especie de “gestor-recopilador de firmas”, no se trata de firmar un papel y quedarse en casa y que otro lo entregue,  sino de que las propias personas firmantes, cada una de ellas,  rellene, fec…he y firme su hoja de apoyo a la querella y se presente con ella al equipo de la jueza Servini de Cubría en las fechas que señaladas, entre el 10 y el 24 de septiembre,  en la embajada argentina en Madrid o en los lugares donde la jueza tome declaraciones en Barcelona o Bilbao, si llega a viajar a dichas ciudades. Se trata, pues, de hacer visible la exigencia de acabar con la impunidad del franquismo, de visualizarla en grandes colas reivindicativas ante la jueza y su equipo judicial; de hacer presente, físicamente, una exigencia de justicia frente a un régimen, la monarquía española, que hoy ha conducido al país a la ruina, de estafa en estafa, de robo en robo y de saqueo en saqueo del dinero público.   El régimen que lleva 37 años preservando y protegiendo la impunidad del franquismo es el mismo régimen del robo,  de ahí que la lucha contra la impunidad del franquismo y por el castigo de sus crímenes esté perfectamente enlazada con la lucha contra una crisis económica provocada por estafadores sin escrúpulos que sostienen y representan a la Monarquía.   Manuel Blanco Chivite
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Un labrador, un médico, un alcalde y un socialista asesinados abren la querella argentina sobre las víctimas de la dictadura

Ante el interés de la querella admitida por la justicia argentina que investiga los sucesos referidos a las víctimas del franquismo, EL PLURAL.COM  inicia la publicación  todos los lunes de una serie de testimonios  de los querellantes que prestarán declaración ante la jueza María Servini de Cubría, cuya llegada a España está anunciada para el próximo 10 de septiembre. Tras la inhabilitación del juez Baltasar Garzón quien fue juzgado por prevaricación y luego absuelto por declararse competente para investigar estos hechos, ha tenido que ser la justicia argentina quien en base a la jurisdicción universal haya abordado esta investigación que afecta a decenas de miles de ciudadanos españoles ejecutados,  represaliados o desaparecidos y cuyo paradero, en muchos casos se desconoce.

Severino Rivas Barja labrador lucense, el médico nacido en Buenos Aires, Vicente García Holgado, y sus tíos Elías, alcalde de Lumbreras y Luis, socialista, ugetista y masón, son las cuatro víctimas cuya historia encabeza la querella argentina que investiga la jueza María Servini de Cubría desde el año 2010. Su terrible muerte puede arrojar luz sobre la de decenas de miles de españoles cuyas familias desean recuperar sus cuerpos, reivindicar su memoria, o denunciar su trabajo esclavo. En otros casos quieren averiguar donde se encuentran aquellos bebés separados de sus madres o exigir justicia ante procesos que se realizaron con los criterios legales de la dictadura y llevaron a resultados de prisión injusta, de torturas e incluso de ejecuciones en tiempos no muy lejanos.

El 14 de abril de 2010, un mes antes de que el juez Baltasar Garzón fuera suspendido en sus funciones de magistrado de la Audiencia Nacional acusado de presunta prevaricación por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, en Argentina los familiares de varios asesinados y desaparecidos españoles decidían presentar una querella criminal en los juzgados de Commodoro Py en Buenos Aires. Denunciaban la comisión de delitos de genocidio y o lesa humanidad que tuvieron lugar en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. La querella sería admitida por la jueza argentina María Romina Servini de Cubría quien inició el proceso y que en septiembre vendrá a España a tomar declaración a demandantes y víctimas.

Los descendientes piden justicia Las personas que iniciaron esta acción legal son Darío Rivas Cando, e Inés García Holgado. A ellos se sumaron en aquella fecha una serie de ONG y asociaciones de recuperación de la memoria histórica. Hoy a estos demandantes iniciales se han añadido un centenar de particulares y numerosos colectivos que agrupan a afectados por la represión franquista.

La historia de los familiares de Darío Rivas por una parte y de Inés García por otra, se explicitan en la querella y son los testimonios que abren este proceso. Darío Rivas, de 91 años en la actualidad y residente en Argentina desde los nueve, reclamaba justicia por la muerte de su padre, Severino Rivas Barja nacido el 13 de septiembre de 1875 en el pueblo de San Esteban de Loentia, en Lugo.

Labrador y demócrata “Tuvo una destacada vida política, que incluye su militancia contra la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1929), a favor de la Segunda República Española, proclamada el 14 de abril de 1936 tras ganar dos días antes las elecciones municipales la coalición republicana socialista – se relata en el documento-. Severino Rívas compartía los ideales del Frente Popular (febrero de 1936), y fue elegido democráticamente alcalde de su pueblo el 9 de mayo de 1936. En 1931 había sido elegido presidente de la Agrupación Socialista Agraria de Castro de Rei”.

Detenido por orden de Falange “Producida la insurrección de un sector de las Fuerzas armadas el 17 de julio de 1936, en pocos días los sublevados ocupan Galicia y específicamente la provincia de Lugo, siendo preponderante allí la actuación de la Falange Española, movimiento fascista subvencionado por Benito Mussolini desde Italia. El 29 de julio del mismo año 1936 se persona la Guardia Civil en las dependencias municipales de Castro de Rei para destituir y detener al alcalde Severino Rivas, junto a los demás miembros de la corporación municipal, cumpliendo una orden de Falange Española que les acusa de traición a la patria y tenencia ilícita de armas”, continúa la denuncia.

Asesinado el día de su liberación El expediente procesal de Severino Rivas menciona su ingreso a la prisión provincial de Lugo el día 26 de Agosto de 1936, y su liberación el día 29 de octubre de ese año, por orden del gobernador militar de Lugo, según cuenta su hijo. Lo habían pedido los vecinos y el sacerdote del lugar. La partida de defunción fija su deceso el mismo día de su liberación, “por hemorragia profunda por proyectil de arma de fuego”, en “la margen derecha de la carretera que va de Lugo a [Portomarín]”. Fue enterrado anónimamente en una fosa común en lo que hoy es el cementerio de Cortapezas). En 1994, tras 50 años de búsqueda, Darío Rivas consiguió localizar el cuerpo de su padre y tras largas gestiones pudo recuperarlo.

El médico que desapareció Inés García Holgado, se personó en la demanda por tres familiares, su tío y sus dos tíos abuelos. Vicente García Holgado, nació en Buenos Aires, Argentina, el 4 de enero de 1915, y estudió medicina en España, en Salamanca. El 10 de agosto de 1936, se alistó en las Milicias Castellanas Organizadas por el Centro Abulense. El 2 de marzo de 1937 fue trasladado, por orden de la Jefatura de Sanidad, a la 11 División, Brigada Lister, donde fue ascendido a teniente médico. Aquí se pierde el rastro: Vicente García está desaparecido.

Fusilado por “adhesión a la rebelión” Elías García Holgado nació en Madrid el 15 de agosto de 1891. Fue alcalde de Lumbrales y Diputado Provincial en Salamanca entre 1931 y 1936. En el año 1936 fue encarcelado en las prisiones de Madrid y de Salamanca y fusilado el 5 de julio de 1937 tras un proceso sumarísimo. Fue condenado por “adhesión a la rebelión”.

Concejal, socialista, sindicalista y masón En cuanto a Luis García Holgado, su vida fue intensa. Nació en La Fregeneda, Salamanca, el 8 de febrero de 1897. Trabajó como oficial de Correos en León y Astorga. Durante la II República fue concejal en el Ayuntamiento de Astorga (1934). Relata el escrito que ha visto la jueza que “ya por entonces defendía postulados anticlericales y era miembro de la Masonería”. Participó en la Revolución de Asturias (1934) y, tras ser detenido, fue trasladado a Hervás, donde rápidamente se incorporó a la vida política y sindical como miembro del PSOE y la UGT en 1935. Destacado líder sindical de la comarca, en las elecciones de febrero de 1936 hizo campaña en la provincia de Cáceres a favor del Frente Popular junto a José Giral (más tarde primer ministro de la II República y presidente de la misma en el exilio).

Asesinado y aplastado La sublevación de julio de 1936 le encontró en Madrid. Fue detenido, y torturado, en la cárcel de Hervás. El 21 de septiembre de 1936, con 40 años, a Luis García Holgado le sacaron de la prisión y le fusilaron en la carretera de Baños de Montemayor en la curva del cementerio. Cuentan los habitantes del pueblo que una vez asesinado de varios disparos, aplastaron su cuerpo con un carro que le pasó por encima repetidamente. En los años 50 sus familiares consiguieron llevar sus restos a Astorga. En el Registro Civil de Hervás consta como causa de muerte “heridas por armas de fuego”.

La técnica homicida de “los paseos” Resume el escrito de los querellantes: “El señor Severino Rivas y los familiares de Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ‘paseos’ los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, cuyos cadáveres eran dejados al costado de los caminos”.

http://www.elplural.com/2012/07/29/un-labrador-un-medico-un-alcalde-y-un-socialista-asesinados-abren-la-querella-argentina-sobre-las-victimas-de-la-dictadura/

Manifiesto de la Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo

Tolerancia cero a la impunidad del franquismo

Los abajo firmantes somos un grupo de organizaciones que nos hemos agrupado en la “Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo”.  Nuestras Organizaciones vienen trabajando desde hace años en el campo de la recuperación de la Memoria Histórica de lo que supuso el franquismo, y por la Verdad, la Justicia y la Reparación de los crímenes que perpetró en Euskal Herria.

Piedra angular de ello ha sido y es la denuncia de la impunidad de todos sus responsables; impunidad consagrada tanto por la “Ley de Amnistía” de 1977, verdadera ley de punto final, como por la no depuración de los aparatos del Estado durante la llamada Transición.

Dentro de las diversas líneas de trabajo que se vienen desarrollando (búsqueda de fosas y exhumación de restos de los asesinados, homenajes, charlas-denuncia, recopilación de datos históricos, publicaciones divulgativas, etc.), las denuncias que se presentaban sobre los cuarenta años de dictadura, reiteradas por personalidades y organismos internacionales, se han venido topando una y otra vez con el mismo muro que el Tribunal Supremo español utiliza para estrellarse cualquier intento: la mencionada Ley de Amnistía de 1977, que exime de cualquier culpa a los franquistas.

Y sin embargo, la posibilidad de arremeter jurídicamente contra el franquismo y los franquistas supervivientes es real y se ha concretado en la Querella 4591/10, que lleva adelante la juez María Servini de Cubría, titular del Juzgado Nº1 de Buenos Aires, República Argentina.

Basándose en los principios de justicia universal contra crímenes de genocidio y lesa humanidad, imprescriptibles, la mencionada magistrada lleva adelante un proceso contra el franquismo que abarca desde la sublevación militar de 1936 hasta el cambio formal de régimen en 1977. Esa querella se está engrosando con cientos de querellantes particulares y organizaciones de diversa índole, tanto argentinas como del Estado Español y de Euskal Herria.

Cabe reseñar que el pasado mes de abril se desplazaron hasta Buenos Aires cuatro expresos del franquismo y la hija de un sindicalista asesinado en la década de los sesenta. Además de presentar sus propias querellas, llevaban las de sus organizaciones de expresos y represaliados (La Comuna, de ámbito estatal, y Goldatu, de Euskal Herria) y una cuarentena de querellas de otros compañeros y compañeras, entre las que se encontraban la de la familia de Salvador Puig Antich (asesinado a garrote vil en marzo de 1974), la de la familia de Humberto Baena (fusilado en 1975 con otros dos compañeros del FRAP, y Txiki y Otaegi, de ETA), la de la familia de Andoni Arrizabalaga (brutalmente torturado e indultado de la pena de muerte en 1969), la de Enrique Gesalaga, herido a bocajarro en el momento de su detención y condenado en el Proceso de Burgos (1970), y la de Germán Rodríguez, asesinado por la policía en Pamplona en plenas fiestas de San Fermín de 1978.

La bola de nieve, todavía pequeña, ha empezado a rodar y es importante que lo siga haciendo, pues ella puede y debe suponer el primer resquebrajamiento del muro de continuidad y de impunidad de los franquistas.

La historia de los últimos años, con la aberración de la Ley de Partidos y la teoría de que “todo es ETA”, está salpicada del cierre de medios de comunicación (EGIN, EGUNKARIA, radios), de encarcelamiento de militantes de la cultura, de ilegalización de organizaciones políticas y sociales y condenas a sus miembros, de prohibiciones de candidaturas, enjuiciando y encarcelando a sus promotores…

Esta marea llegó al paroxismo con el enjuiciamiento del propio lehendakari Ibarretxe junto a miembros del partido socialista y de la izquierda abertzale que todos recordamos, o las condenas últimas de los sujetos más activos (como Otegi y Rafa Díaz, por ejemplo) en la consecución del giro político que se ha venido dando en el seno de la corriente abertzale de izquierda desde antes de la propia declaración del cese de la violencia de ETA.

Tamaña locura represiva no se entiende si no recordamos algo que ya hemos señalado en párrafos anteriores: que la Transición supuso el paso de todo el aparato judicial y represivo del franquismo a la naciente democracia, con la asunción por el stablishment político español de una Constitución  que consagraba, en lo fundamental, muchos de los principios franquistas, y no exigía responsabilidad alguna por cuarenta años de férrea y criminal dictadura golpista.

Tenemos delante la posibilidad de asestar un golpe muy importante al inmovilismo descrito utilizando esta querella como ariete de la denuncia popular y de la exigencia de JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN. Ahora podemos sentar en el banquillo a todo el franquismo, y procesar a quienes de ellos viven aun incluso con prebendas, ascensos y posiciones sociales privilegiadas a pesar de los crímenes y delitos en los que colaboraron o cometieron durante el mantenimiento de aquella infame dictadura.

Por ello, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales de Euskal Herria  para que se sumen a esta campaña denunciando todo el período franquista y sus consecuencias, aún visibles y palpables; para que manifiesten su solidaridad con los querellantes, y animen a hacerlo a todos sus afiliados. Tenemos que conseguir enterrar con una gran marea de querellas y denuncias los restos físicos, ideológicos y políticos del franquismo, tenemos que conseguir acabar con el nudo gordiano del “atado y bien atado” que nos dejó el dictador y que tan celosamente mantiene la actual monarquía borbónica.

Animamos, por tanto, a toda la ciudadanía en general, y a todas sus organizaciones sindicales, de partido, sociales e institucionales a unirse a esta campaña de reivindicación de la dignidad y de la justicia para el ser humano y para Euskal Herria. Para ello basta con contactar con cualquiera de las Organizaciones integrantes de la Plataforma.

Euskal Herria, Julio de 2012

Frankismoaren Krimenen Aurkako Kereilaren Euskal Plataforma

Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del Franquismo

-Altafaylla Kultur Taldea.(www.altaffaylla.com)

-CNT Euskal Herria. -Durango 1936 Kultur Elkartea.

-Euskal Memoria Fundazioa.(www.euskalmemoria.com)

-Eusko Lurra Fundazioa. -Egiari Zor Fundazioa.(www.egiarizor.org)

-Garraxika Taldea.(www.turrune.wordpress.com)

-Gernika Batzordea.(www.gernika2012.net)

-Goldatu Elkartea. (www.goldatu.org) Oficina Virtual para la Querella

-Intxorta 1937 Kultur Elkartea.(www.intxorta.org)

-Lau Haizetara Gogoan Elkartea.(www.lau-haizetara-gogoan.blogspot.com)

-Martxoak 3 Elkartea.(www.martxoak3.org)

-Oroituz.

-Sare Antifaxista. (sare.antifaxista@gmail.com)

ENTREVISTA

EN LA REVISTA DE ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO Nº 42:

CARLOS SLEPOY PRADA, ABOGADO INTEGRANTE DEL EQUIPO JURÍDICO QUE IMPULSA LA QUERELLA ARGENTINA

“Quienes cometen crímenes que ofenden y lesionan a la humanidad deben ser judicialmente perseguidos, por los tribunales de cualquier país, cualquiera sea el tiempo y lugar en que los hubieran perpetrado.

“La dictadura franquista no sólo produjo con su alzamiento contra las instituciones elegidas democráticamente una
guerra civil, motivo ya suficiente para procesar y juzgar a todos los que formaron parte de la misma mientras duró, sino que planificó el exterminio de todas aquellas personas y grupos políticos, sociales, culturales, etc., que se oponían a sus dictados y a su concepción de nación.

CCOO Revista42 SLEPOY 24-25

DISTINTAS FORMAS DE PARTICIPAR

Las distintas formas de participar en la causa son las siguientes:

1)    Como querellantes: el querellante debe ser víctima directa o tener una relación de parentesco, de cualquier grado que sea, con la víctima de hechos que puedan estar comprendidos entre los crímenes contra la humanidad/genocidio (asesinatos, torturas, secuestros, etc.) cometidos durante el período abarcado por la mencionada causa (desde el 17 de julio de 1936 y hasta el 15 de junio de 1977). Esta es la modalidad de participación más activa en el proceso: el querellante puede impulsar la marcha del proceso, solicitar diligencias, proporcionar elementos de prueba, argumentar sobre ellos, y presentar recursos.
Aquellos que ya hayan presentado la querella deberán ratificarla ante la jueza durante su visita.

2)    Como denunciantes: puede presentar una denuncia ante la jueza encargada de la causa toda persona que se considere lesionada por  uno de los hechos mencionados en el párrafo 1), o que, sin haber sido víctima del mismo, tenga noticias de su comisión.

3)    Como testigos: las personas que hayan tenido conocimiento de la perpetración de uno de los hechos mencionados en el párrafo 1) y puedan aportar datos relativos a las circunstancias en que se produjo, quiénes fueron los afectados, quiénes los responsables, etc.

4)    Como adherentes: cualquier persona que desee manifestar su apoyo a esta causa.

5)    Asociaciones: pueden participar en cualquiera de las modalidades descritas, a través de sus representantes legales.

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LEER MÁS -> Modalidades de participación

NOTA DE PRENSA

Ante la visita de la jueza Servini de Cubría en septiembre.

Se crea una red ciudadana de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo

Tras una reunión preliminar de contacto, celebrada el pasado 21 de junio en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Madrid), treinta asociaciones de diferente tipo, han conformado, el martes 3 de julio, en los locales del Centro de Abogados de Atocha una red ciudadana de apoyo a la querella abierta en el Juzgado Federal Nº1 de Buenos Aires contra los crímenes de la dictadura franquista entre el 18 de julio de 1936 y el 20 de junio de 1977, fecha en que se realizaron las primeras elecciones democráticas en España, tras la muerte del dictador.

Dicha red de permanece abierta para la incorporación de cualquier otra que desee involucrarse de una u otra manera en la participación y apoyo a la querella argentina.

La querella, iniciada el 14 de abril de 1910, a iniciativa de algunas personas particulares, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Federación de Asociaciones Gallegas y con el apoyo de diferentes entidades argentinas, correspondió, por turno, a la jueza María Servini de Cubría.

Un bufete de abogados de Buenos Aires se hizo cargo de la querella; de ellos, los letrados Carlos Slepoy y Ana Messutti coordinan las actividades desde Madrid

La jueza de Cubría y su equipo estarán ya en España el 10 de septiembre para proceder a la recepción de la documentación de nuevos querellantes, y tomar las declaraciones pertinentes.

En la querella se han personado ya un buen número de asociaciones y particulares, denunciando desde asesinatos en masa, fusilamientos, secuestro y apropiación de niños, trabajo esclavo, etc. hasta torturadores de la Brigada Político Social y demás cuerpos represivos, jueces del TOP y miembros de los tribunales militares y ministros franquistas que aprobaron sentencias de muerte.

El objetivo de la red recién creada es llevar a cabo una labor unitaria en torno a las gestiones que la jueza de Cubría lleve a cabo en nuestro país en relación a la querella. Tal labor se centraría en:

· La organización de la entrega de la documentación y de los apoyos a la querella en la embajada argentina, en Madrid, lugar en el que la jueza llevará a cabo sus gestiones.

· Organización de un acto de apoyo a la querella y de solidaridad con la misma.

· Convocatoria de una rueda de prensa durante los días que la jueza desarrolle su labor, protagonizada por querellantes, ex-presos, familiares de asesinados y abogados participantes.

TOD@S PODEMOS PARTICIPAR PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO

Como es públicamente conocido el 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante un juzgado en lo penal de Argentina por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas.

Fue presentada por familiares de víctimas y asociaciones sociales y de derechos humanos argentinas y españolas. A ella se han sumado ya, o se preparan para hacerlo en lo inmediato, cientos de querellantes y denunciantes particulares, represaliados en la última etapa de la dictadura y asociaciones diversas: culturales, sociales, sindicales, etc.

La querella se fundamenta jurídicamente en el principio de jurisdicción o justicia universal, conforme al cual los tribunales de justicia de cualquier país pueden y deben actuar cuando se cometen crímenes que afectan y ofenden a la comunidad internacional.

En aplicación de este principio actuaron, a partir del año 1996, los tribunales españoles respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras argentina y chilena. Sus actuaciones, impulsadas por el juez Baltasar Garzón, fueron refrendadas por las más altas instancias judiciales españolas convirtiéndose en una referencia internacional de primer orden.

Hechos como la detención de Pinochet en Londres durante más de 500 días o la condena al represor argentino Scilingo a más de mil años de prisión por parte del Tribunal Supremo de España –ese mismo Tribunal Supremo que hoy se niega a que sean investigados los crímenes del franquismo–, entre otras muchas medidas que incluyeron el dictado de cientos de órdenes internacionales de detención, contribuyeron decisivamente a poner fin a la impunidad en Argentina y Chile.

Esa impunidad se albergaba en leyes similares a la ley de Amnistía española que, como las leyes de punto final y obediencia debida en el caso argentino, habían sido aprobadas en forma ampliamente mayoritaria por un Parlamento elegido democráticamente, lo que no impidió su anulación. Hoy, en aquellos países, hay cientos de condenados y procesados por la comisión de crímenes de igual naturaleza que los perpetrados por la dictadura en España.

El Tribunal Supremo de nuestro país pretende que ley de Amnistía exime a la jurisdicción española de investigar los crímenes de la dictadura. Soslaya dos cuestiones trascendentes: que esta ley fue dictada antes de que se promulgara la Constitución, en consecuencia debe interpretarse en el sentido de que no puede oponerse al derecho a la justicia y a la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos que la Constitución proclama y, por tanto, al juzgamiento de los responsables de crímenes contra la humanidad; y que, antes de que se dictara, España se había comprometido internacionalmente a perseguir a quienes cometieran hechos delictivos según los principios generales del derecho internacional, aún en el supuesto de que dicha persecución no estuviera prevista en el derecho interno. Crímenes imprescriptibles que, además, y según consolidada legislación y jurisprudencia nacional e internacional, deben ser investigados y castigados independientemente del lugar o la fecha en que se cometieron.

No sólo se pretende volver a desaparecer a los desaparecidos, sino también hacer desaparecer a sus desaparecedores. Se quiere impedir que se conozcan sus crímenes, sus nombres, los de los asesinos, los de los torturadores, los de los secuestradores de niños. Se arguye falazmente que todos están muertos, como si los muertos y sus familiares no necesitaran de justicia, y se omite intencionadamente que hay cientos de víctimas y represores vivos y que estos últimos pueden y deben ser juzgados y sancionados penalmente. Se prevarica y se encubre a sabiendas de que se esta haciendo.

Como acreditan los casos antes mencionados, la actuación de tribunales extranjeros es un arma poderosa en manos de los pueblos para combatir la falta de justicia en el propio país. Se convierte, entre otros factores, en una denuncia internacional contra la impunidad; garantiza que las víctimas puedan declarar ante un juez; permite llevar adelante las investigaciones judiciales que son negadas en el territorio en que se cometió el crimen; posibilita que los responsables sean llamados a prestar declaración y, en todo caso, que,  existiendo indicios sólidos de su participación criminal, se dicte prisión contra los mismos librándose al efecto órdenes internacionales de detención; revela que, ante la persecución internacional y el riesgo de ser detenidos allí donde se los encuentre, el único lugar del mundo en que gozan de impunidad es aquél en que perpetraron el delito.

La jueza argentina María Servini de Cubría, ante la cual recayó la investigación, ha dado ya importantes pasos para hacer avanzar el procedimiento. El último de ellos, el pedido de información a las autoridades españolas sobre la existencia y ubicación de fosas comunes y datos personales completos (y confirmación de que están vivos) de aquellos que aparecen en el procedimiento como presuntos autores de los crímenes investigados: torturadores; jueces que dictaron sentencia de muerte o manifiestamente injustas; ministros responsables de haber ordenado matanzas o que se negaron al otorgamiento de indultos; miembros de los altos mandos de las fuerzas represivas y dirigentes de Falange; directivos de empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo; responsables del secuestro, apropiación y sustitución de identidad de menores de edad, etc.

Entre las medidas solicitadas por los querellantes y acordadas por la jueza se encuentra la de su viaje a España, que se producirá previsiblemente en los próximos meses. Su objetivo es tomar declaración a todas aquellas personas que deseen presentarse como querellantes, denunciantes o testigos en la causa. A este efecto recibirá testimonios en la embajada argentina en Madrid y de ser posible en otras ciudades, además de visitar sitios emblemáticos de la represión franquista.

La querella argentina constituye un sólido eslabón en la larga lucha por conseguir verdad, justicia y reparación. Para su éxito es condición necesaria que sea promovida y apoyada por un vasto movimiento social.

En hojas adjuntas se explican las distintas modalidades de participación en la querella, incluso la de aquellos que sin haber sido víctimas directas de la represión estiman que el conjunto de la sociedad ha sido agredida por la misma y quieren hacerse presentes en la causa abierta en Argentina.

Página de l@s querellantes por crímenes de genocidio y lesa humanidad en Argentina