Entrevista a Ana Messuti en Barcelona

Cuenta que gran parte de la motivación para comenzar con esta campaña vino luego de  lo sucedido al juez Baltazar Garzón, sin olvidar que hechos como la detención de Augusto Pinochet en Londres, o la condena al represor argentino Adolfo Scilingo por parte del Tribunal Supremo de España, fueron un incentivo para intentar poner fin a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

Hoy los procesos están a la espera que en septiembre la jueza María Servini de Cubría se instale en la embajada argentina en Madrid y, dependiendo de la cantidad de denunciantes que existan en Catalunya, se traslade luego a Barcelona.

¿Cuál es la motivación central para este proceso?

Los temas están abiertos y por lo mismo existe la necesidad de aclararlos. Hace poco tuve una discusión en ese contexto con un colega en Salamanca, un chileno que me decía, a propósito del homenaje que se le hizo en Chile a Pinochet, que en el marco de la libertad de expresión teníamos que dejar que se hiciera. Yo le respondía que ese homenaje es un delito, pues se trata de una forma de apología a los crímenes. El homenajeado ha sido declarado judicialmente genocida y autor de crímenes contra la humanidad, por lo tanto es un homenaje a un asesino.

Por ello es importante que la impunidad no gane gracias al tiempo trascurrido, pues un sistema jurídico que no es capaz de hacerse caso de enjuiciar tan graves crímenes, es un sistema viciado y pierde credibilidad.

Ahí Ana hace hincapié en la importancia del derecho y del principio de proporcionalidad de las penas “si no castigamos a quien atenta contra la vida de alguien o a quien roba un niño a su madre, el sistema esta viciado, y por lo tanto, tampoco podemos juzgar a quien roba un auto, que es un delito bastante menor.

Por eso, no es sólo memoria histórica, es una memoria activa.

Yo justamente hice un trabajo que decía ¿qué le pide la memoria al derecho? Y lo que le pide es que haga algo concreto; que haga justicia”.

¿Cómo se ve el panorama hacia el futuro?, ¿es posible el “nunca más” al constatar la percepción que va teniendo el resto de la población en torno a estos delitos y sus juicios?

Esa reflexión es muy importante y no se hace mucho. Hoy mismo y frente a la crisis que esta viviendo España, una parte de la población no tiene una opinión muy favorable de estar removiendo estas cosas.

En cambio, hay muchos otros que tienen el tema muy arraigado, que  han sufrido mucho y que desde hace tiempo están luchando para que se reconozca que fueron víctimas de crímenes.

También hay una gran cantidad de gente, une enorme cantidad de gente que quiere participar y existen tres formas de hacerlo. Como querellante, como denunciante o como adherente.

En general la gente decide involucrarse desde el punto de vista más activo que es como querellante.

Los adherentes son quienes firman un documento de apoyo a la querella. Esas adhesiones las estamos reuniendo a través de una red de asociaciones y que integran entre treinta y cuarenta entidades ligadas a la memoria histórica, colectivos de represaliados, como los de La Comuna, que es una asociación de ex presos políticos de los años finales del franquismo u otra asociación de ex presos más antiguos.

Mucha gente tiende a pensar que éste es un conflicto que se remite a la Guerra Civil y sus años inmediatos, pero el gobierno franquista terminó en los setenta, entonces. ¿Hasta cuándo se suman querellas?

El período que abarca esta causa se extiende desde 1936  hasta 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. Durante todo ese tiempo se ejecutó un plan sistemático para aterrorizar a los españoles que tuvieran determinadas ideas políticas; las contrarias al régimen. Ese es el marco cronológico, no solamente la Guerra Civil, sino todo lo que vino después.

Y la recepción de casos, ¿Quiénes son los querellantes?

Los dos primeros querellantes son Darío Rivas, quien tiene hoy noventa y dos años y es hijo de Severino Rivas, alcalde republicano de Lugo asesinado en 1936, e Inés García Holgado, quien reside en Argentina y tiene tres parientes ejecutados en ese período. A ellos se sumaron la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España y muchas otras relacionadas a los derechos humanos en Argentina.

Luego se fueron incorporando otras personas desde España y cuyos casos en general corresponden a familiares que buscan justicia para sus padres, tíos o abuelos.

Posteriormente lo hicieron asociaciones como La Comuna que incluso se presentó, a través de sus representantes en el juzgado argentino, a declarar ante la jueza.

Es decir, el ámbito temporal es amplio y no remoto.

Y respecto a los victimarios ¿hay responsables vivos aun?

Hay muchos. Por supuesto la investigación se facilita bastante cuando el caso es más reciente y la víctima lo ha sufrido en carne propia.

El querellante tiene que ser una víctima directa o tener una relación de parentesco con la víctima. En el primer caso, las víctimas suelen recordar a sus torturadores, y muchos de ellos aún viven. Por eso no es una cosa tan remota como tú ya decías, algo que pasó hace mucho tiempo, sino que es algo que está latente, todavía está la víctima y todavía el verdugo y se pueden encontrar.

Pero en otros casos, los más antiguos, si la víctima vive aún, o sus familiares, todavía está la memoria, todavía quedan abiertas las heridas. Por eso es fundamental que la justicia le gane su combate al tiempo.

¿Quiénes se pueden hacer parte de este proceso?

Este caso no es sólo para los argentinos o los españoles de Argentina como muchos han creído, es para todos quienes han sido víctimas del franquismo.

Cuenta que gran parte de la motivación para comenzar con esta campaña vino luego de  lo sucedido al juez Baltazar Garzón, sin olvidar que hechos como la detención de Augusto Pinochet en Londres, o la condena al represor argentino Adolfo Scilingo por parte del Tribunal Supremo de España, fueron un incentivo para intentar poner fin a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

Hoy los procesos están a la espera que en septiembre la jueza María Servini de Cubría se instale en la embajada argentina en Madrid y, dependiendo de la cantidad de denunciantes que existan en Catalunya, se traslade luego a Barcelona.

¿Cuál es la motivación central para este proceso?

Los temas están abiertos y por lo mismo existe la necesidad de aclararlos. Hace poco tuve una discusión en ese contexto con un colega en Salamanca, un chileno que me decía, a propósito del homenaje que se le hizo en Chile a Pinochet, que en el marco de la libertad de expresión teníamos que dejar que se hiciera. Yo le respondía que ese homenaje es un delito, pues se trata de una forma de apología a los crímenes. El homenajeado ha sido declarado judicialmente genocida y autor de crímenes contra la humanidad, por lo tanto es un homenaje a un asesino.

Por ello es importante que la impunidad no gane gracias al tiempo trascurrido, pues un sistema jurídico que no es capaz de hacerse caso de enjuiciar tan graves crímenes, es un sistema viciado y pierde credibilidad.

Ahí Ana hace hincapié en la importancia del derecho y del principio de proporcionalidad de las penas “si no castigamos a quien atenta contra la vida de alguien o a quien roba un niño a su madre, el sistema esta viciado, y por lo tanto, tampoco podemos juzgar a quien roba un auto, que es un delito bastante menor.

Por eso, no es sólo memoria histórica, es una memoria activa.

Yo justamente hice un trabajo que decía ¿qué le pide la memoria al derecho? Y lo que le pide es que haga algo concreto; que haga justicia”.

¿Cómo se ve el panorama hacia el futuro?, ¿es posible el “nunca más” al constatar la percepción que va teniendo el resto de la población en torno a estos delitos y sus juicios?

Esa reflexión es muy importante y no se hace mucho. Hoy mismo y frente a la crisis que esta viviendo España, una parte de la población no tiene una opinión muy favorable de estar removiendo estas cosas.

En cambio, hay muchos otros que tienen el tema muy arraigado, que  han sufrido mucho y que desde hace tiempo están luchando para que se reconozca que fueron víctimas de crímenes.

También hay una gran cantidad de gente, une enorme cantidad de gente que quiere participar y existen tres formas de hacerlo. Como querellante, como denunciante o como adherente.

En general la gente decide involucrarse desde el punto de vista más activo que es como querellante.

Los adherentes son quienes firman un documento de apoyo a la querella. Esas adhesiones las estamos reuniendo a través de una red de asociaciones y que integran entre treinta y cuarenta entidades ligadas a la memoria histórica, colectivos de represaliados, como los de La Comuna, que es una asociación de ex presos políticos de los años finales del franquismo u otra asociación de ex presos más antiguos.

Mucha gente tiende a pensar que éste es un conflicto que se remite a la Guerra Civil y sus años inmediatos, pero el gobierno franquista terminó en los setenta, entonces. ¿Hasta cuándo se suman querellas?

El período que abarca esta causa se extiende desde 1936  hasta 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. Durante todo ese tiempo se ejecutó un plan sistemático para aterrorizar a los españoles que tuvieran determinadas ideas políticas; las contrarias al régimen. Ese es el marco cronológico, no solamente la Guerra Civil, sino todo lo que vino después.

Y la recepción de casos, ¿Quiénes son los querellantes?

Los dos primeros querellantes son Darío Rivas, quien tiene hoy noventa y dos años y es hijo de Severino Rivas, alcalde republicano de Lugo asesinado en 1936, e Inés García Holgado, quien reside en Argentina y tiene tres parientes ejecutados en ese período. A ellos se sumaron la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España y muchas otras relacionadas a los derechos humanos en Argentina.

Luego se fueron incorporando otras personas desde España y cuyos casos en general corresponden a familiares que buscan justicia para sus padres, tíos o abuelos.

Posteriormente lo hicieron asociaciones como La Comuna que incluso se presentó, a través de sus representantes en el juzgado argentino, a declarar ante la jueza.

Es decir, el ámbito temporal es amplio y no remoto.

Y respecto a los victimarios ¿hay responsables vivos aun?

Hay muchos. Por supuesto la investigación se facilita bastante cuando el caso es más reciente y la víctima lo ha sufrido en carne propia.

El querellante tiene que ser una víctima directa o tener una relación de parentesco con la víctima. En el primer caso, las víctimas suelen recordar a sus torturadores, y muchos de ellos aún viven. Por eso no es una cosa tan remota como tú ya decías, algo que pasó hace mucho tiempo, sino que es algo que está latente, todavía está la víctima y todavía el verdugo y se pueden encontrar.

Pero en otros casos, los más antiguos, si la víctima vive aún, o sus familiares, todavía está la memoria, todavía quedan abiertas las heridas. Por eso es fundamental que la justicia le gane su combate al tiempo.

¿Quiénes se pueden hacer parte de este proceso?

Este caso no es sólo para los argentinos o los españoles de Argentina como muchos han creído, es para todos quienes han sido victimas del franquismo

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