TOD@S PODEMOS PARTICIPAR PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO

Como es públicamente conocido el 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante un juzgado en lo penal de Argentina por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciones democráticas.

Fue presentada por familiares de víctimas y asociaciones sociales y de derechos humanos argentinas y españolas. A ella se han sumado ya, o se preparan para hacerlo en lo inmediato, cientos de querellantes y denunciantes particulares, represaliados en la última etapa de la dictadura y asociaciones diversas: culturales, sociales, sindicales, etc.

La querella se fundamenta jurídicamente en el principio de jurisdicción o justicia universal, conforme al cual los tribunales de justicia de cualquier país pueden y deben actuar cuando se cometen crímenes que afectan y ofenden a la comunidad internacional.

En aplicación de este principio actuaron, a partir del año 1996, los tribunales españoles respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras argentina y chilena. Sus actuaciones, impulsadas por el juez Baltasar Garzón, fueron refrendadas por las más altas instancias judiciales españolas convirtiéndose en una referencia internacional de primer orden.

Hechos como la detención de Pinochet en Londres durante más de 500 días o la condena al represor argentino Scilingo a más de mil años de prisión por parte del Tribunal Supremo de España –ese mismo Tribunal Supremo que hoy se niega a que sean investigados los crímenes del franquismo–, entre otras muchas medidas que incluyeron el dictado de cientos de órdenes internacionales de detención, contribuyeron decisivamente a poner fin a la impunidad en Argentina y Chile.

Esa impunidad se albergaba en leyes similares a la ley de Amnistía española que, como las leyes de punto final y obediencia debida en el caso argentino, habían sido aprobadas en forma ampliamente mayoritaria por un Parlamento elegido democráticamente, lo que no impidió su anulación. Hoy, en aquellos países, hay cientos de condenados y procesados por la comisión de crímenes de igual naturaleza que los perpetrados por la dictadura en España.

El Tribunal Supremo de nuestro país pretende que ley de Amnistía exime a la jurisdicción española de investigar los crímenes de la dictadura. Soslaya dos cuestiones trascendentes: que esta ley fue dictada antes de que se promulgara la Constitución, en consecuencia debe interpretarse en el sentido de que no puede oponerse al derecho a la justicia y a la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos que la Constitución proclama y, por tanto, al juzgamiento de los responsables de crímenes contra la humanidad; y que, antes de que se dictara, España se había comprometido internacionalmente a perseguir a quienes cometieran hechos delictivos según los principios generales del derecho internacional, aún en el supuesto de que dicha persecución no estuviera prevista en el derecho interno. Crímenes imprescriptibles que, además, y según consolidada legislación y jurisprudencia nacional e internacional, deben ser investigados y castigados independientemente del lugar o la fecha en que se cometieron.

No sólo se pretende volver a desaparecer a los desaparecidos, sino también hacer desaparecer a sus desaparecedores. Se quiere impedir que se conozcan sus crímenes, sus nombres, los de los asesinos, los de los torturadores, los de los secuestradores de niños. Se arguye falazmente que todos están muertos, como si los muertos y sus familiares no necesitaran de justicia, y se omite intencionadamente que hay cientos de víctimas y represores vivos y que estos últimos pueden y deben ser juzgados y sancionados penalmente. Se prevarica y se encubre a sabiendas de que se esta haciendo.

Como acreditan los casos antes mencionados, la actuación de tribunales extranjeros es un arma poderosa en manos de los pueblos para combatir la falta de justicia en el propio país. Se convierte, entre otros factores, en una denuncia internacional contra la impunidad; garantiza que las víctimas puedan declarar ante un juez; permite llevar adelante las investigaciones judiciales que son negadas en el territorio en que se cometió el crimen; posibilita que los responsables sean llamados a prestar declaración y, en todo caso, que,  existiendo indicios sólidos de su participación criminal, se dicte prisión contra los mismos librándose al efecto órdenes internacionales de detención; revela que, ante la persecución internacional y el riesgo de ser detenidos allí donde se los encuentre, el único lugar del mundo en que gozan de impunidad es aquél en que perpetraron el delito.

La jueza argentina María Servini de Cubría, ante la cual recayó la investigación, ha dado ya importantes pasos para hacer avanzar el procedimiento. El último de ellos, el pedido de información a las autoridades españolas sobre la existencia y ubicación de fosas comunes y datos personales completos (y confirmación de que están vivos) de aquellos que aparecen en el procedimiento como presuntos autores de los crímenes investigados: torturadores; jueces que dictaron sentencia de muerte o manifiestamente injustas; ministros responsables de haber ordenado matanzas o que se negaron al otorgamiento de indultos; miembros de los altos mandos de las fuerzas represivas y dirigentes de Falange; directivos de empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo; responsables del secuestro, apropiación y sustitución de identidad de menores de edad, etc.

Entre las medidas solicitadas por los querellantes y acordadas por la jueza se encuentra la de su viaje a España, que se producirá previsiblemente en los próximos meses. Su objetivo es tomar declaración a todas aquellas personas que deseen presentarse como querellantes, denunciantes o testigos en la causa. A este efecto recibirá testimonios en la embajada argentina en Madrid y de ser posible en otras ciudades, además de visitar sitios emblemáticos de la represión franquista.

La querella argentina constituye un sólido eslabón en la larga lucha por conseguir verdad, justicia y reparación. Para su éxito es condición necesaria que sea promovida y apoyada por un vasto movimiento social.

En hojas adjuntas se explican las distintas modalidades de participación en la querella, incluso la de aquellos que sin haber sido víctimas directas de la represión estiman que el conjunto de la sociedad ha sido agredida por la misma y quieren hacerse presentes en la causa abierta en Argentina.

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